En octubre del año 2017 la Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el Ministro de Educación Nacional, Alejandro Finocchiaro, anunciaban en el Museo de Arte Moderno (MAMBA) la creación de una Universidad para la formación docente. Frente a la falta de un proceso de construcción consensuada, ausencia de diálogo con los actores involucrados y, fundamentalmente, el peligro de la continuidad de los 29 Institutos de Formación Docente de gestión estatal, de inmediato el anuncio obtuvo el rechazo de las comunidades educativas, académicos, asociaciones profesionales e incluso, sectores internos al propio Ministerio de Educación. En este contexto, la presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) y actual rectora del Instituto Superior del Profesorado "Dr. Joaquín V. González", Profª Patricia Simeone, comparte con LuSofia algunas reflexiones emergentes de la dura experiencia de los últimos 9 meses repudiando el proyecto por su naturaleza autoritaria, antidemocrática e inconsulta.
A casi ya 9 meses del anuncio de la creación de la Universidad Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Es difícil poder ser “creativos” o “innovadores” luego de haber transcurrido ya casi 9 meses del mediático anuncio de la creación de una universidad docente lleno de slogans marketineros y de significantes totalmente vacíos. Es complicado seguir adjetivando el conflicto que esto ha desatado al igual que las consecuencias negativas sobre el sistema de Formación Docente en particular y el educativo en general sin ser reiterativos en las múltiples razones que tenemos para fundamentar el rechazo a cualquier proyecto impuesto desde el Ministerio y la solicitud de un debate genuino que lleve a la construcción de un proyecto construído desde las bases.
Sin embargo es evidente que, tanto la evolución del conflicto como, por ende, sus causas y consecuencias, deben ser analizadas a la luz de los nuevos acontecimientos. Ante esto, el objetivo es desarrollar las ideas por las cuales, a nuestro entender, el proyecto presentado por el ejecutivo el 1º de diciembre en la Legislatura ha quedado desnaturalizado y deslegitimado además de hacer un pantallazo del desarrollo del conflicto y su estado actual para culminar con algunas conclusiones.
Si buscamos el significado de la palabra desnaturalización en el diccionario encontraremos una definición simple: “hacer perder a una cosa sus cualidades propias, añadiendo algo o modificándolo”. Es por esto que cuando pensamos en un proyecto para mejorar la formación docente, jerarquizar la función docente y atraer más jóvenes a la profesión las comunidades prontamente coincidíamos que nada de estos objetivos, y otros que luego se mediatizaron, tenían su correlato en los 15 artículos del proyecto de ley de la UniCABA.
Cualquier literatura que podamos indagar explica que el desarrollo de un proyecto educativo cuyo objetivo manifiesto apunta a una reforma drástica del sistema de formación docente implica como mínimo un diagnóstico fundado de la situación en base a las características del entorno en donde se va a desarrollar y una estructura participativa con los actores involucrados en la reforma.
En cuanto al diagnóstico, se han dado algunos datos cuantitativos, insuficientes para poder fundamentar la reforma, ya que los indicadores propuestos son el resultado de una lectura acrítica y descontextualizada de la realidad que ha llevado al ejecutivo a hacer errores groseros de interpretación para proponer posibles soluciones a la problemática planteada. Para poder completar un verdadero diagnóstico es necesario recurrir a estrategias cualitativas que den sentido e interpreten las experiencias con el fin de encontrar posibilidades de mejora más potentes. Ejemplo de esto es el análisis de la relación que existe entre ingresantes / egresados en el sistema de formación docente sin tener en cuenta las trayectorias reales altamente afectadas por factores socio-económicos, falta de becas universales, cambios de planes continuos y graves deficiencias de infraestructura. Seguramente, de haber sido consultados los especialistas de las instituciones, varias hubiesen sido las propuestas para mejorar estos indicadores.
Y ya que nombramos la participación, es lamentable que los funcionarios caigan en la constante falacia de que la participación estuvo abierta cuando 29 comunidades y un abrumador número de actores sociales de diversos campos solicitan la apertura de un debate amplio. Más aún esta situación se agrava cuando a un mes de la votación- según lo expresado por el presidente de la comisión de educación de la Legislatura, Maximiliano Ferraro- ni los legisladores opositores ni las comunidades contamos con el proyecto “reconfigurado” que se votaría por la mayoría automática del oficialismo.
Queda claro entonces que las condiciones primarias para cualquier tipo de proyecto están altamente cuestionadas en la génesis de esta propuesta.
En segundo lugar, mencionamos la deslegitimación del proyecto. En cuanto a esto ya habíamos remarcado a inicios del conflicto la cantidad de adhesiones de diferentes organismos políticos, religiosos, sociales y educativos que habían expresado su rechazo, pero ahora se le suma las sorprendentes expresiones escuchadas por los 29 rectores que estuvimos presentes en la reunión convocada el 24 de mayo por el ejecutivo. En dicha reunión, los mismos funcionarios públicos que tan vehemente esgrimían los argumentos para la creación de la UniCABA explicaban que “todos los fundamentos y los 15 artículos del proyecto pueden ser cambiados” pero lo único que no se alterará” agregaban los subsecretarios Andrea Bruzos y Diego Meiriño, “es el Norte establecido: la creación de la universidad docente”. De esto se trata, fijar un modelo institucional único que borre a 29 instituciones, en forma instantánea o más lenta, sin tener en cuenta ningún proyecto pedagógico a discutir.
En síntesis, lo que queda del articulado y fundamentación inicial es un título que nos lleva a reflexionar que en esta intersección entre desnaturalización y deslegitimación quedaría en evidencia que la naturaleza de este proyecto no es de índole “educativa en pos de una mejora de la formación docente” sino que parecerían subyacer intereses políticos/económicos -muchos de ellos provenientes de organismos internacionales- y que seguramente se unen a ambiciones electorales locales que aspirarían contar con anuncios de gran impacto cosmético para armar campañas mediáticas.
Dicho esto, desarrollaremos un rápido pantallazo del desarrollo del conflicto:
Existe una primera etapa que podríamos llamar “tsunami de reacción al ataque recibido por las comunidades” en la que fuertemente se presionó para evitar un tratamiento express y se logró que Maximiliano Ferraro, se comprometiera por escrito a que la ley no se iba a empezar a discutir antes del 1º de marzo de 2018. De no haber habido esta reacción de las comunidades, este proyecto habría sido aprobado el 22 de diciembre de 2018 en la extraordinaria llevada a cabo con la excusa que era solo un marco a trabajar con las comunidades.
Una segunda etapa en donde “política y educación se ponen a trabajar en conjunto”, aunque sean solo los bloques opositores de la legislatura quienes comenzaron a recorrer las instituciones e intercambiar opiniones. Es allí en donde los legisladores descubren todo el conocimiento que se viene produciendo en el sistema desde ya hace 145 años. Estos intercambios se fueron ampliando y desde las instituciones fuimos tendiendo puentes con referentes nacionales de la política así como construyendo alianzas con diferentes grupos de la sociedad.
Además vale la pena remarcar que también en este período se intensificó la producción de material escrito que fue documentando e historizando el conflicto al igual que informando del problema a toda la ciudadanía. Se suma a todo esto una excelente muestra de todas las manifestaciones culturales que se ha desarrollado en el Centro Cultural Floreal Gorini.
Sin lugar a duda fue la etapa de la apertura del reclamo en las calles con clases públicas, festivales y las marchas multitudinarias e históricas de los terciarios, poco reflejadas en los medios hegemónicos de comunicación.
Mientras todo esto sucedía en la Legislatura y desde el oficialismo se producía “una tensa meseta” en donde el tema había desaparecido del orden del día de la legislatura y no había noticia de los “especialistas” o funcionarios que iban a venir a respaldar el proyecto.
SÍ es fundamental decir que por el incansable trabajo de las comunidades se pudo llegar a la información que daba cuenta que se estaban realizando reuniones bilaterales entre el ejecutivo, legislativo, algunos sindicatos, y algunos especialistas con los que el gobierno elige dialogar, sin presencia de representantes o especialistas de las comunidades.
Por último, entramos según nos informaron en la legislatura, luego de reclamar información oficial o ratificación de todo lo que se estaba publicando en los medios de comunicación, en “una recta final”. A fines de setiembre, principios de octubre se votaría la UniCABA y una “ley de políticas públicas de formación docente”, es decir, nuevos títulos sin contenido ni argumentación.
A todo esto, las comunidades reiteramos que es lamentable que en el Legislativo se repita el mismo modus operandi: se trabajan acuerdos sobre el futuro de nuestras instituciones a espaldas de todos nosotros sin un debate abierto y genuino.
Ante todo lo dicho solo quedan tres conclusiones:
En principio que el ejecutivo debería escuchar la voz de las comunidades y reflexionar para comenzar un nuevo proyecto en conjunto. ¿Utopía para algunos? Puede ser, pero para nosotros sería un gesto responsable que la política en tiempos tan convulsionados debería dar y es nuestro deber remarcarlo.
Además, como dijimos en un principio, este conflicto no se limita ni a CABA ni a la Formación Docente. Está inmerso en una política de recorte democrático y económico que se hace cada vez más evidente con los conflictos con los niveles universitario y secundario y los graves problemas de infraestructura de las escuelas en general. Ante este avasallamiento será imprescindible una defensa de la educación pública en todo su conjunto.
Pero creo que lo más grave es que todo este conflicto es inconducente. No podríamos pensar las relaciones humanas sin conflicto. No podríamos imaginar a ninguna de nuestras instituciones como cámaras asépticas con un diálogo cosmético despolitizador que solo busque silenciar las voces disonantes en pos de un pacifismo ficticio. Reconocemos los conflictos, los desafiamos, los transitamos, los argumentamos y los contra-argumentamos por medio de la palabra para hallar puntos de convergencia en pos de un transitar más democrático y contenedor.
El conflicto con el ejecutivo es gravísimo y sin precedente. Las decisiones se toman a espaldas de todos nosotros y ahora parecen buscar una solución maquillada escapando por un laberinto en el que otros le quieren buscar una salida.
La formación docente está dentro de una sociedad con grandes desigualdades y de las que todos tendremos que hacernos cargo pero mucho más aquellos que decidieron hacerse responsables de las políticas públicas. La formación docente es un proyecto pedagógico no un simple modelo institucional arbitrario y caprichoso.
De esto venimos hablando las 29 comunidades desde el 22 de noviembre , del otro lado silencio y ocultamiento.