Acerca de la ética de la alteridad y excelencia en la formación profesional, desde la perspectiva de discapacidad

Gabriela Alejandra Toledo es Magister en Informática aplicada a la educación por la UNLP, Licenciada y profesora universitaria en Educación por la UBA, Diplomada en Educación, Imágenes y Medios, del Programa de Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación. por FLACSO. Es docente investigadora de la UNGS, UNQ y UBA en temas vinculados con las perspectivas de accesibilidad y discapacidad. Pertenece al Observatorio de la discapacidad de UNQ y al grupo de trabajo Estudios Críticos en discapacidad de CLACSO.
GABRIELA ALEJANDRA TOLEDO

El presente artículo comparte una de las discusiones teórico prácticas que estructuran la propuesta del proyecto de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, llamado "Las perspectivas transversales de accesibilidad y discapacidad por el derecho a la educación universitaria". El mismo nace de una convicción profunda: la necesidad de transformar la cultura y prácticas universitarias desde “adentro” para garantizar que la educación resulte un derecho real.
Si bien los marcos normativos reconocen el derecho de todas las personas a acceder a la educación superior, incluidas las personas con discapacidad, observamos que aún existe una vacancia en la formación profesional universitaria respecto de las perspectivas de discapacidad y accesibilidad.
Es así, que el equipo de investigación se propone, no sólo el diseño y ejecución de dispositivos de formación, técnico educativos, sino un cambio de paradigma ético posicionándose desde el lema o principio: "Nada sobre nosotres sin nosotres", tomado de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. (CDPD, 2006)
Dicho principio atraviesa de manera transversal las perspectivas contemporáneas de discapacidad y derechos humanos, al cuestionar las formas tradicionales de producción de conocimiento construidas sin la participación de las propias personas involucradas. Es así que, la discapacidad no puede ser comprendida únicamente desde discursos técnicos, médicos o académicos elaborados de manera externa al colectivo, sino que requiere reconocer la legitimidad epistemológica de las experiencias situadas de las personas con discapacidad. Esto supone desplazar miradas paternalistas y habilitar procesos de investigación, formación y
construcción institucional basados en la participación activa, el diálogo y la co-construcción de saberes.
Desde esta perspectiva, las universidades y las prácticas profesionales son interpeladas a revisar críticamente qué conocimientos deben producirse, por quiénes, desde qué posiciones se lo hace y qué voces históricamente han quedado excluidas de las discusiones sobre accesibilidad, inclusión y derechos.
Desde la ideología de la normalidad (Yarza de los Ríos y otros, 2020) se comprende a la discapacidad como una producción social e histórica. Se define como un sistema que opera bajo una lógica binaria de pares contrapuestos, estableciendo una identidad "deseable", aquello que se considera “lo normal”, frente a una "indeseable", es decir, “lo anormal”, entendiendo que ésta es simplemente una expresión negativa de la primera, que requiere una constante "corrección normalizadora". Esta ideología se sustenta en la creación de un mandato de una corporalidad "normal" o "Cuerpo Uno", considerado único y universal. A partir de este modelo ideal, se construye e inventa el concepto de "déficit" para catalogar, enmarcar y medir qué tan lejos se encuentra el "otro" de esa estandarización de lo normal. De este modo, la normalidad no es una realidad empírica comprobada, sino una aspiración, meta u horizonte que rige las interacciones sociales.
Para avanzar en nuestros planteos, a modo de acuerdo introductorio, queremos recuperar algunos supuestos que ordenan el presente artículo. El primero es la consideración de que las personas con discapacidad son titulares de los derechos humanos. Si bien es una idea indiscutible, conviene recordarla. Luego, que todo análisis vinculado a la temática de discapacidad requiere de un marco filosófico y sociológico de referencia, sustentado en los valores y principios de los Derechos Humanos. En este sentido, es conveniente observar que gran parte de las normativas producidas en los últimos años en torno a la discapacidad se apoyan en el denominado modelo social de la discapacidad (Palacios, 2008). Este modelo puede comprenderse a partir de dos nociones centrales: la normalización y la discriminación. Frente a perspectivas que reducen la discapacidad a una condición individual derivada de determinadas deficiencias personales —y que promueven políticas orientadas a “normalizar” a las personas—, el modelo social entiende la discapacidad como una situación producida por las estructuras y
condicionamientos sociales. Desde esta mirada, las barreras del entorno y las prácticas discriminatorias adquieren un lugar central en la comprensión de la problemática.
El modelo social de la discapacidad surge a partir de las luchas del activismo político y de los aportes de la sociología, y encuentra su expresión más significativa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, considerada el primer tratado de Derechos Humanos del siglo XXI.
Un último acuerdo ordenador del escrito es que el derecho a la educación forma parte de lo que, en palabras de Rafael de Asís (2022) constituye el eje de la accesibilidad (física, sensorial y cognitiva), es decir, del marco general de los derechos de las personas con discapacidad. Dicho eje se sostiene alrededor de dos grandes exigencias convertidas en derechos: el diseño universal y los ajustes razonables (CDPD, 2006).
El principio de accesibilidad implica que todos los productos, entornos, bienes, servicios y derechos puedan ser utilizados de manera universal, a partir de criterios de diseño universal. Cuando esto no resulta posible de forma justificada, deben implementarse los ajustes razonables como medidas específicas orientadas a garantizar dicha accesibilidad para cada persona (Toledo, 2013; 2025).
Más allá de la Burocracia: La Excelencia como horizonte
Frente al crecimiento de la escolarización en Argentina, las políticas de inclusión educativa han tenido impacto también en el ámbito universitario, donde aumenta la participación de estudiantes con discapacidad. Desde la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), se impulsa la incorporación transversal y la visibilización de las perspectivas de discapacidad y accesibilidad, entendiéndolas como parte de una problemática vinculada a los derechos humanos (Toledo, 2021).
En este contexto, la presencia creciente de estudiantes con discapacidad en el nivel superior pone de relieve la necesidad de fortalecer políticas y prácticas institucionales orientadas a garantizar trayectorias educativas inclusivas, dado que el acceso, la permanencia y el egreso de las personas con discapacidad (PCD) en el sistema educativo constituyen una temática central en la agenda de los derechos
humanos y de las políticas públicas. Desde esta perspectiva, la educación es concebida como un bien público y un derecho personal y social, cuya garantía corresponde al Estado para la construcción de una sociedad inclusiva (LEN, 2006).
Una educación para todas las personas impulsa acciones orientadas a garantizar que todas ellas, más allá de sus particularidades, puedan acceder y participar del proceso pedagógico en igualdad de oportunidades. Estas acciones involucran la planificación, gestión y evaluación de configuraciones de apoyo vinculadas con la accesibilidad arquitectónica, comunicacional y académica. (Toledo, 2021)
Como se mencionó anteriormente, existe un incremento sostenido de estudiantes con discapacidad en las aulas universitarias de la UNGS, situación que plantea la necesidad de promover instancias de formación que excedan el cumplimiento formal de protocolos y normativas institucionales. Consideramos que tal situación, demanda una reflexión ética acerca de la formación y prácticas profesionales, junto a las responsabilidades que estas implican en la construcción de condiciones de accesibilidad y participación del estudiantado.
Desde una perspectiva ética, recogemos el planteo de Adela Cortina (2000) sobre el ethos profesional, entendido como el compromiso de toda profesión con un bien social específico e indispensable. Es por ello que consideramos que el ejercicio profesional no se reduce a una actividad orientada únicamente al beneficio individual o económico, sino que supone una práctica cooperativa orientada a responder a demandas, requerimientos sociales y a contribuir a una sociedad tanto más justa como equitativa. Así planteado, el ejercicio idóneo, exige que la formación profesional trascienda el cumplimiento burocrático o normativo y se sitúe en el terreno de la excelencia, junto al reconocimiento de la alteridad. Dicha excelencia (arete) es entendida como el desarrollo de virtudes y hábitos que permitan alcanzar la meta de la profesión de la mejor manera posible; se alcanza cuando el compromiso fundamental del agente no es con la burocracia institucional, sino con las personas concretas cuyos beneficios dan sentido a la actividad social (Cortina, 2000).
Nuestro interés acerca del trabajo profesional desde la consideración del ethos, deviene de observar que en toda y cualquier profesión, se encuentra la existencia de metas , que le da sentido y legitimidad social. La profesión es ejercida por un conjunto de personas, de colegas, que conforman una comunidad, con metas compartidas, utilizando la misma jerga, métodos comunes y asumiendo el ethos, el carácter de la profesión. Es decir, el ethos se encarna y materializa en dicha comunidad. Su importancia social y moral radica en el bien específico que cada una de ellas proporciona a la sociedad, junto con su capacidad para construir identidad y comunidad. Este elemento resulta aún más valioso en la actualidad, de un individualismo anómico, ya que permite generar y fortalecer redes sociales para potenciar virtudes y la excelencia que se requiere para alcanzar las metas que se proponga cada profesión, distintas al burocratismo o la simple legalidad. El actuar profesionalizado, no sólo exige conocimientos técnicos, sino el desarrollo de hábitos o virtudes que permitan alcanzar dicha excelencia. Desde el ethos profesional, el compromiso primordial es con las personas reales, cuyos beneficios y necesidades dan sentido y legitimidad social a la actividad. Por lo tanto, en las acciones, se reconoce en las “otras personas”, una alteridad que interpela y demanda una respuesta ética que trasciende el reglamento.
Si el proceso formativo en cualquier disciplina, sólo se plantea el cumplimiento de un "mínimo legal" para evitar negligencias, cae en la mediocridad del llamado ethos burocrático. Es decir, el compromiso fundamental es con la jerarquía administrativa, la normativa vigente o el sostenimiento del sistema institucional. La persona, suele ser vista como un número o un expediente dentro de un proceso reglado.
En contrapartida, sostenemos que una formación profesional comprometida éticamente es aquella que orienta su práctica hacia las necesidades concretas de las personas, priorizando su bienestar y sus derechos por sobre las lógicas meramente burocráticas o administrativas de las instituciones.
La diferencia fundamental entre el ethos profesional y el burocrático radica en el nivel de compromiso moral y el objetivo final que se persigue en la actividad. Mientras que desde la burocracia, lo que rige por el cumplimiento de normas externas, desde la profesionalización en cualquier disciplina, hay una orientación hacia la excelencia y el bienestar de las personas en su conjunto.
La verdadera legitimidad del trabajo profesional reside en su capacidad para anteponer el bien de la persona a su propio interés. Esto se traduce en una ética de la responsabilidad convencida, donde se valoran las consecuencias de las decisiones no por pragmatismo, sino con el convencimiento proporcionar un bien específico para las personas. En función de esto, las personas usuarias, incluyendo a las personas con discapacidad y sus familias, son piezas indispensables para determinar qué prácticas producen un servicio de calidad y cuáles no.
Sumado a lo dicho, el hacer profesional demanda sabiduría práctica (phronesis) para saber elegir deliberadamente lo mejor en cada caso concreto. Tradicionalmente, este compromiso queda sellado mediante un juramento o "voto" público, por el cual la persona en ejercicio de su profesión, se obliga a obedecer las reglas de su comunidad y a anteponer el bien del usuario a sus intereses personales.
Dado que la formación profesional y el ingreso al ejercicio de la profesión constituyen procesos centrales en la construcción de identidad social y de pertenencia a determinados colectivos, resulta fundamental incorporar en dichas trayectorias las perspectivas de discapacidad y accesibilidad desde un enfoque basado en los derechos humanos. Una formación atravesada por estos principios favorece la construcción de subjetividades y prácticas profesionales respetuosas de la diversidad y de la dignidad de todas las personas.
La Hospitalidad como Acogida de la Alteridad
Uno de los puntos centrales para cualquier disciplina que trabaje con personas es lo que se denomina la hospitalidad profesional. Siguiendo a Cullen (2015), la ética profesional debe entenderse como la acogida incondicionada del "otro" en cuanto otro, sin pretender su reducción a una categoría o totalidad predefinida. Reside en la capacidad de responder a la interpelación del “otro”, reconociendo nuestra propia vulnerabilidad frente a una alteridad que no debe ser violentada ni reducida a esquemas preestablecidos; una alteridad definida como irreductible a la mismidad. Bajo esta mirada, sin una formación con perspectiva de discapacidad, existe el riesgo, en cualquier profesión, de comprender a la persona únicamente a partir de su diagnóstico, reduciéndola a un objeto de estudio o de intervención. Es por ello que resulta necesario recuperar la categoría de persona, comprendida desde su singularidad, sus vínculos y su inscripción en una trama vital y social, en sus condiciones concretas de existencia, tal como plantea Miguel Benasayag (2013; 2015)
La ética exige reconocer la vulnerabilidad como una interpelación que nos hace responsables frente a las otras personas, incluso antes de cualquier contrato profesional. Y es entonces, cuando aparece, la categoría ética más elemental: la hospitalidad (Cullen 2015). Esta implica apertura hacia la otra persona, en cuanto persona, sin la intención de reducirla ni una categoría diagnóstica, ni a una entidad abstracta, sino que debe ser comprendida en su singularidad, en su cualquieridad. La hospitalidad resulta ser una respuesta a la interpelación ética.
Es por ello que la hospitalidad como respuesta ética, encuentra su expresión concreta en las prácticas profesionales y en los modos de vincularse con las otras personas. Toda profesión, debe cultivar un “saber estar”, una disposición de apertura a lo nuevo que la otra persona trae consigo, reconociendo que la propia vulnerabilidad constituye la base de la responsabilidad profesional
Justicia, autonomía y profesionalización
Una de las conclusiones más relevantes derivadas de las investigaciones que venimos desarrollando es la necesidad de visibilizar las barreras actitudinales como uno de los principales obstáculos para la participación plena de las personas con discapacidad (Dayan y Guerrero, 2022). En numerosas ocasiones, estas se expresan bajo formas de paternalismo que, aun cuando equivocadamente se presentan como prácticas de cuidado o protección bien intencionadas, terminan limitando la autonomía y la posibilidad de decisión de las personas.
Xabier Etxeberría (2002) sostiene que el horizonte ético profesional, debe ser la potenciación de la autonomía de las personas. En este ámbito, la justicia no es solo una distribución equitativa de bienes, sino la realización de los derechos sociales y la promoción de la autonomía de las personas implicadas. El paternalismo se supera cuando en la formación profesional deja de considerarse a la persona usuaria como un "objeto" de intervención y se la reconoce como sujeto de derechos y libertades. Esto es aún más crítico, considerando las posibles interacciones de todas las profesiones, con el colectivo de personas con discapacidad.
Los límites de la acción profesional quedan establecidos al observarse la necesidad de respetar la autonomía de las personas vinculadas con la tarea profesional. No se trata de imponer un "bien" desde la visión del profesional, sino de articular el saber
técnico con el proyecto de vida y la voluntad de la persona que participa de la actividad propia de cualquier profesión.
Observar críticamente las actitudes paternalistas, desde una perspectiva de la discapacidad, significa que ninguna persona, en su desempeño profesional debe decidir por la otra persona, sino actuar para que aquella recupere o fortalezca el ejercicio de decidir por sí misma. La actividad profesional se justifica éticamente cuando actúa como mediación que facilita el ejercicio de la autonomía ajena.
El paternalismo suele ser una forma de "violencia" sutil que intenta reducir la alteridad de la otra persona, a una categoría o diagnóstico. Si retomamos la noción de hospitalidad, la práctica profesional comprende la ética de la autonomía que implica observar que la otra persona, es una "exterioridad irreductible", es decir, renunciar a la pretensión de controlar o moldear a las personas, según sus propios criterios, permitiendo que la justicia prevalezca sobre el poder. Así, debe facilitarse que éstas, puedan ser personas situadas en su historicidad, con voz y capacidad de participación (Guerrero y Toledo, 2023).
La ética no es la aplicación de principios abstractos, sino la acogida incondicionada de la alteridad (Cullen, 2015). Debe articular la búsqueda del bien personal (en términos de concreción de los propios intereses) con el deber y las normas que garantizan el respeto a la dignidad de las otras personas involucradas en las tareas profesionales.
Estrategias institucionales y tácticas cotidianas
A partir de las consideraciones que venimos compartiendo, entendemos que la distinción propuesta por Michel de Certeau (2000) entre estrategia y táctica ofrece herramientas conceptuales relevantes para comprender la relación entre la ética profesional y la perspectivas de discapacidad, para luego proyectar estos conceptos sobre el campo del ejercicio profesional y la alteridad.
Desde el posicionamiento de este autor, la diferencia entre estrategia y táctica se encuentra en la relación que cada una establece con el lugar y con el poder. La estrategia es definida como el cálculo de relaciones de fuerza que se vuelve posible cuando un sujeto de voluntad y de poder —como una institución, una empresa o un hospital— puede aislarse de un ambiente y constituir un espacio propio. Es decir, la estrategia remite al lugar del poder, representado en nuestro caso, por la institución universitaria, sus reglamentos y sus espacios planificados. Dicho lugar suele operar como una red de vigilancia y disciplina que organiza y regula las prácticas de quienes lo habitan.
Por otro lado, la táctica se caracteriza por un cálculo que no puede apoyarse en un lugar propio ni en una frontera que permita distinguir a la “otra persona” como una totalidad visible. La táctica no dispone de un espacio autónomo, sino que se despliega en el territorio organizado por una fuerza ajena, insinuándose en él y operando desde sus intersticios. A diferencia de la estrategia, depende del tiempo y de la capacidad de aprovechar la ocasión. En este marco, la táctica puede comprenderse como el “arte del débil” (De Certeau, 2000), expresado en procedimientos minúsculos y creativos mediante los cuales, considerando nuestro objeto de estudio, las personas con discapacidad logran habitar y reapropiarse de espacios que no fueron diseñados para sus necesidades.
La búsqueda de la excelencia (en palabras de Cortina, arete), sostenida en los párrafos anteriores, exige que la práctica profesional trascienda el lugar seguro de la norma, el ethos burocrático, para comprometerse con las personas reales. Al enfrentarse a la singularidad, planteada desde la perspectiva de la discapacidad, la excelencia profesional debe actuar de forma "táctica": no puede simplemente aplicar un protocolo universal (estrategia); debe habilitar el uso de la sabiduría práctica para responder a la interpelación del otro en el momento oportuno.
La formación académica debe preparar a quienes egresan para reconocer estas tácticas como formas de creatividad cotidiana y no como desviaciones.
Relacionado con las barreras actitudinales, observamos que el “capacitismo académico” es uno de los problemas que ejemplifican el ejercicio de la táctica por el colectivo de personas con discapacidad. Dicho capacitismo puede entenderse como el conjunto de prácticas institucionales, pedagógicas y culturales que consideran legítimo un único modelo de estudiante y docente: aquel definido por parámetros corporales, cognitivos y sensoriales considerados “normales”. Estas prácticas producen barreras y formas de exclusión hacia las personas con discapacidad.
En relación con lo señalado, resulta necesario desmontar dichas lógicas a partir de una escucha atenta de las prácticas de resistencia que inventan nuevas maneras de habitar la universidad, a modo de tácticas.
A modo de reflexión final
La formación profesional en perspectivas de discapacidad y accesibilidad, tal como se impulsa desde el proyecto de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, no constituye un añadido técnico ni un complemento accesorio de las trayectorias universitarias. Supone, antes bien, una responsabilidad ética y política orientada a transformar las prácticas institucionales, pedagógicas y profesionales desde un enfoque basado en los derechos humanos.
A lo largo del presente análisis, sostuvimos que las perspectivas de discapacidad y accesibilidad interpelan de manera directa los modos tradicionales de comprender la profesionalización. Desde este posicionamiento, la formación no puede reducirse
al cumplimiento burocrático de protocolos o normativas, sino orientarse hacia la construcción de un ethos profesional comprometido con la justicia social, la equidad, la hospitalidad y la autonomía de las personas.
Estimamos relevante que la ética profesional exige reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, con voz, historicidad y capacidad de decisión, tanto en su participación como estudiantes universitarios como en el ejercicio de sus profesiones. Por ello, resulta fundamental que formen parte activa de la construcción del ethos profesional que aquí proponemos, contribuyendo desde sus saberes y experiencias a la transformación de las prácticas institucionales y profesionales.
Dicha construcción ética demanda prácticas de hospitalidad, entendida como apertura a la alteridad, lo que implica renunciar a prácticas paternalistas que
reducen a las personas a diagnósticos, categorías o expedientes institucionales. Por el contrario, la propuesta debe ser construir vínculos capaces de alojar la singularidad y responder éticamente a las necesidades concretas de cada situación.
En la misma línea, la noción de excelencia recuperada en este artículo se distancia de criterios meritocráticos o tecnocráticos propios del sentido común. La excelencia profesional no consiste únicamente en la adquisición de saberes técnicos, sino en la capacidad de actuar con responsabilidad frente a las otras personas, deliberando prudentemente en cada contexto concreto. Desde esta perspectiva, el ejercicio profesional requiere sabiduría práctica para articular el conocimiento disciplinar con el reconocimiento de la dignidad irreductible de quienes participan de las prácticas profesionales.
A partir de lo planteado, la formación profesional en perspectiva de discapacidad se justifica como un proceso de humanización orientado a construir prácticas más hospitalarias, accesibles y democráticas. La verdadera legitimidad del ejercicio profesional reside en su capacidad para situar en el centro a las personas concretas y contribuir a la construcción de una universidad más justa, donde la diferencia no sea entendida como déficit, sino como condición constitutiva de lo humano, de lo diverso.
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